La próxima implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior obliga a realizar una serie de precisiones. Los objetivos de dicho proceso chocan de forma frontal con las funciones que tradicionalmente ha cumplido la universidad, supeditando todo el modelo educativo superior a una nueva definición de las estrategias productivas del capital internacional y de los grandes grupos de poder radicados en la Unión Europea. “La Europa del conocimiento” que se quiere alcanzar desde 2010 preconiza que el objetivo fundamental de dicho proceso es “hacer de Europa la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento”, no una Europa mejor formada, ni una Europa más culta, ni mucho menos una Europa más reflexiva, crítica y solidaria.
En ese sentido toda la normativa emanada por la Unión Europea propugna una transformación radical y profunda de la universidad, que lejos de ser un espacio basado en la razón, el esfuerzo y la crítica, se quiere que pase ahora a ser un espacio destinado a satisfacer los intereses de las grandes corporaciones económicas, tecnológicas y mediáticas de Europa. La mayor parte de los principios que inspiran la declaración de Bolonia, están enfocados a hacer de la universidad un instrumento al servicio de la creación de mano de obra cualificada para un sistema productivo basado en la globalización de la economía, de ahí que el futuro papel de la universidad se fundamente en las premisas de los principios de competitividad, “estrecha colaboración con las empresas” y primacía de los intereses económicos sobre los formativos, científicos o culturales.
La implantación de este proceso conlleva drásticas transformaciones de la estructura universitaria actual. Se impone el seguimiento de un modelo único de referencia, cuyas bases se centran en la adopción de “sistemas de titulaciones comparables en orden al reconocimiento académico y profesional en la Unión Europea”. Con dicha justificación se pretende configurar un sistema educativo fundamentado en bases elitistas, en las que la capacidad económica va a determinar en mucho las posibilidades de acceso de la ciudadanía a la educación superior, limitando así el total de personas que puedan obtener un título universitario y condicionando incluso su futuro laboral. Se obliga por tanto a las universidades al diseño de programas con estructuras circunscritas a muy pocas ramas, con un número reducido de títulos en los que los estudios sobre humanidades o tendencias más culturales quedan relegados a un destino marginal.
Los ciclos educativos se fundamentan en presuntos intereses profesionales y demandas de la economía, su perfil será de tipo generalista con una obligada especialización a partir de un master posterior que tenderá a alcanzar un precio de mercado, introduciendo así un segundo condicionante económico en el acceso a la educación superior. La “forma de estudiar”, estará basada en un modelo en el que el alumno precisará dedicar casi todo el día a su formación, imposibilitando en la práctica el desarrollo de otras actividades económicas, familiares o personales al mismo tiempo, discriminando a los grupos de más bajo nivel de renta. La alternativa propuesta es la de un sistema de becas-préstamo, que obligara al estudiante a su devolución en los primeros diez años posteriores a su inserción en el mercado de trabajo, marcando así una nueva forma de dependencia económica y personal.
Las normas de acceso, permanencia y graduación serán más restrictivas, contemplándose nuevos modelos de selectividad, en los que las universidades y centros educativos podrán aplicar más filtros de acceso mediante pruebas monográficas de conocimientos y aptitud, además se institucionaliza el trabajo práctico de fin de grado. En cuanto a las prácticas, el sistema productivo seleccionará igualmente al alumnado en su primer paso por empresas y centros laborales.
Lo que se plantea con toda crudeza, es la dependencia del actual modelo universitario en función de los intereses de los que controlan el sistema productivo imperante, haciendo de las universidades un mero instrumento al servicio de una economía neoliberal.
Las universidades quedarán obligadas por tanto a realizar una parte significativa de la investigación que demandan los procesos productivos, en régimen de competencia a ultranza, con unas perspectivas muy alejadas de los principios de cooperación y solidaridad, con lo cual se abrirán nuevas diferencias sociales entre las personas, centros educativos y territorios en los que estén situados, generando diferentes juegos de desequilibrio social y espacial.
La situación descrita va a afectar en breve plazo a una comunidad estimada entorno a los 45 millones de ciudadanos, incluyendo a estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, sin contar con los efectos indirectos que supondrá para los niveles educativos de la enseñanza media, que sin duda deberán modificar parte de sus estructuras para atender a los dictados de Bolonia.
Pese a que las resistencias a su implantación han sido muy leves, en parte por desconocimiento, en parte por posturas acomodaticias de gran parte de la comunidad universitaria europea, existen ya ciertos movimientos de rechazo que están apareciendo tanto en Italia, como en Francia, España, etc., destacando el desmarque oficial del Reino Unido respecto de una parte significativa de los principios que inspiran la declaración de Bolonia.
En España a partir del decreto de 20 de octubre de 2007 el estado fija las bases para su implantación. Algunas universidades españolas han hecho públicas sus directrices generales para la aprobación de las nuevas enseñanzas de grado, de acuerdo con la normativa de ordenación de enseñanzas universitarias oficiales. Todo está por hacer y todo está por materializar. En un afán de ser más papistas que el papa, ciertas universidades quieren ser las pioneras en su implantación, con una prisa que nadie explica salvo por el interés pactado de iniciar muchos de dichos nuevos grados en el próximo curso.
Cabe destacar del mismo modo el oscurantismo con el que se está tratando el conjunto de repercusiones laborales y profesionales que afectarán a la comunidad universitaria. Los posibles impactos en los convenios y acuerdos laborales en vigor, así como as repercusiones en el sistema de selección de profesores y demás personal de la universidad, están siendo obviados con una evidente intencionalidad de no crear alarma. También se observa la aquiescencia de ciertas asociaciones profesionales, sindicatos dependientes del estado o determinadas asociaciones estudiantiles que, o bien callan viendo lo que está por venir, o incluso están colaborando soterradamente en el proceso de implantación.
Tampoco se tiene noticia a fecha de hoy de las connotaciones económicas generales que tendrá su aplicación, ni mucho menos los presupuestos previstos al efecto, aunque todo lleva a pensar que la filosofía del “coste cero” o “coste barato” sea la que prevalezca, sin contar con las notorias dificultades económicas que conlleva su puesta en marcha para los países y territorios europeos menos desarrollados.
Ante estas perspectivas, la CNT-AIT llama a la movilización de la comunidad educativa en general y a la universitaria en particular, así como a la sociedad en su conjunto, para poner de manifiesto las orientaciones reales y repercusiones del Espacio Europeo de la Educación Superior, en orden a evitar en la medida de lo posible los impactos negativos que se prevé va a generar su implantación.
La CNT-AIT proclama su más profundo rechazo a una universidad elitista, manipulada y al servicio de los grupos de poder económico, tecnológico y mediático de Europa, en la que predominen los principios de selectividad económica, competitividad y dependencia, frente a los valores del verdadero conocimiento, del saber científico, de la razón, la solidaridad y el apoyo mutuo. ¡La educación es nuestro futuro, no dejemos nuestro futuro en manos de los demás!
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