No sale en la tele, pero existe: SIGUE EL CONFLICTO MINERO

Continúan, especialmente en León, organizados los trabajadores horizontalmente, al margen de las mafias de CCOO y UGT.

Los planes de destrucción de la minería del carbón siguen su curso implacable en el Estado español. La decisión de recortar las subvenciones a la producción en el sector minero y la reducción del cupo de carbón autóctono que se debe quemar en las centrales térmicas para la producción de energía…

Condiciones de trabajo esclavo en los estertores de la minería del carbón.

«Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de criminales a gran escala? Y esas bandas ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. […] Con toda profundidad le respondió al célebre Alejandro un pirata caído prisionero, cuando el rey en persona le preguntó:  ¿qué te parece tener el mar sometido a pillaje? Lo mismo que a ti, le respondió, el tener al mundo entero. Solamente que a mí, que trabajo   en una ruin galera, me llaman bandido, y a ti,  por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador».

Agustín de Hipona

Los planes de destrucción de la minería del carbón siguen su curso implacable en el Estado español. La decisión de recortar las subvenciones a la producción en el sector minero y la reducción del cupo de carbón autóctono que se debe quemar en las centrales térmicas para la producción de energía dan cuenta de ello. Tras las movilizaciones de más de 2 meses durante el último verano, con una larga huelga que se inició con el encierro de 8 mineros en el Pozo Santa Cruz, en el Bierzo, las marchas mineras, el apoyo popular, institucional y mediático a favor del mantenimiento de las ayudas al sector, es decir situando en primera instancia el interés de las empresas mineras que supuestamente repercutiría en el mantenimiento de los puestos de trabajo y la supervivencia de las comarcas mineras; tras esas  movilizaciones  que protestaban por la reducción del 64% de las ayudas, llegó el conflicto laboral propiamente dicho. Que fue el recibimiento de la empresa a los trabajadores cuando se incorporaron al trabajo: Una modificación agresiva de las condiciones de trabajo que tuvo diferentes respuestas entre los trabajadores.

La Unión Minera del Norte (UMINSA), propiedad del empresario Victorino Alonso, es la principal empresa de España del sector de la minería del carbón, con explotaciones en las cuencas mineras leonesa, palentina y asturiana. Es en esta empresa donde más evidentes se han hecho tanto los planes de liquidación de la minería del carbón autóctona como la agudización de las relaciones sociales y laborales.

Entre los meses de Octubre y noviembre la situación ha ido evolucionando de la siguiente manera. En la cuenca minera palentina, en las próximas semanas se procederá al cierre de la mayor explotación minera que funciona en la actualidad en Palencia, el pozo de Las Cuevas que la empresa UMINSA tiene abierto en Velilla del Río Carrión. Esta decisión supondrá la pérdida de ochenta puestos de trabajo directos, el 90% de la minería palentina. Los mineros que quieran mantener sus empleos se verán obligados a un traslado forzoso al pozo de Tineo en Asturias. En expresión del empresario: «Quien quiera seguir trabajando en UMINSA deberá hacerlo en Asturias», y el que no lo acepte así: «quedaría fuera de la compañía». Para los prejubilados en próximas fechas y para quienes no acepten el traslado se les reservan temporalmente «puestos en el cielo abierto, los lavaderos y el transporte». Como siempre, la excusa del empresario para estas liquidaciones son las políticas del Gobierno. Por los trabajadores se sabe que estas declaraciones fueron hechas verbalmente, sin constancia por escrito, con el fin que ningún papel permita tomar diligencias legales ni basar una inspección de trabajo. Por otra parte, al mantener cielos abiertos y cerrar los pozos, se crea de nuevo el conflicto entre compañeros, unos de interior, extracción menos rentable y los de los cielos abiertos (desmontes)  cuya permanencia en el trabajo, aunque también precaria, pues nada saben de su futuro, mantiene la rentabilidad empresarial. De hecho, el 2 de Noviembre, UMINSA decidió un nuevo ERE de 180 días que afecta a 64 trabajadores que realizaban funciones en oficinas, lavaderos y subcontratas, además de los que trabajan a cielo abierto. De esta forma, Victorino Alonso saca adelante otro ajuste más, con medidas complementarias como la supresión de la paga extra de Navidad y un recorte del 50% en las nóminas extraordinarias de mayo y julio y merma del salario entre el 25 y el 37,5 por ciento. A mayor abundamiento, los trabajadores del ‘Grupo Alonso’ en Palencia aún no han cobrado la nómina correspondiente al mes de septiembre, mientras que a los prejubilados se les adeuda medio mes y el finiquito.

En esta situación, las diferentes reuniones del Comité de Empresa y el Comité Intercentros con la compañía «abocarán en un proceso judicial» ya que «no hay entendimiento ni consenso entre las partes en los asuntos llevados a debate ante un recorte tan brutal».

Como siempre los trabajadores son los más perjudicados que ya están pagando los descalabros de unas decisiones políticas que oportunamente aprovecha el Grupo Alonso para manipular a su antojo. Está en sus manos indagar la legalidad de la decisión empresarial así como exigir que se les comunique por escrito.

En Asturias las reuniones mantenidas entre las empresas mineras Unión Minera del Norte (UMINSA) y Coto Minero Cantábrico -ambas del Grupo Victorino Alonso- y los representantes de los trabajadores para aplicar las rebajas salariales propuestas por la empresa, terminaron sin acuerdo y pendientes de un nuevo encuentro para firmar el convenio el próximo día 6 de noviembre. Los trabajadores no aceptan las rebajas de sueldo.  La empresa amenaza con recurrir al arbitraje del Consejo Nacional de Convenios Colectivos.

La reducción propuesta por la empresa es de entre el 25 y el 37,5 por ciento, en función de los sueldos. De nuevo la empresa minera esgrime las mismas razones para  esta reducción, así como para otra serie de medidas restrictivas: la disminución de la actividad del sector y de las ayudas a la producción desde el Gobierno. Una situación que se agravará en el próximo año, conocidos los nuevos ajustes previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 respecto al sector de la minería del carbón. Partidos de la izquierda institucional pretenden un aumento en el presupuesto de 400 millones de euros de ayuda al sector que garantice su mantenimiento en 2013.

Por otra parte, en la localidad asturiana de Cerredo en el concejo de Degaña, pende la amenaza de un ERE para los trabajadores de interior, es decir, del túnel de Cerredo que afectaría al 50% de la plantilla, unos 200 trabajadores, mientras que en la explotación minera a cielo abierto, la empresa Coto Minero Cantábrico ya ha propuesto a sus trabajadores la ampliación de la jornada laboral, que pasaría por trabajar un total de once horas y media (11:30 horas) en el turno de día, mientras que en el turno nocturno, los operarios deberían trabajar diez horas y media (10:30 horas).

En León el 23 de octubre el empresario minero anuncia el cierre del Pozo Santa Cruz del Sil, con un centenar de trabajadores, mediante un ERE para el 70% de la plantilla; el 30% restante son prejubilados y mineros de mantenimiento que continuarán hasta el inminente hundimiento de la mina. Este pozo fue el referente,  tanto en las huelgas de 1991 como en la del verano de 2012, manipuladas por el empresario para reclamar subvenciones al Gobierno.

Los 120 mineros de la explotación a cielo abierto de la Gran Corta de Fabero (León), también del grupo UMINSA, volvieron el 25 de octubre al trabajo tras 64 días de la huelga iniciada el 21 de agosto a causa de la modificación de las condiciones sustanciales de trabajo con que se encontraron a su regreso a los tajos al finalizar la huelga del verano por la reducción en un 64% de las subvenciones al sector. Volvieron todos, salvo los 28 miembros de los dos comités de huelga que habían sido despedidos ya el 18 de septiembre. A su regreso este 25 de octubre, algunos de los trabajadores recibieron una carta del empresario Victorino Alonso con una propuesta de nuevas condiciones laborales con dos opciones para elegir. La primera de ellas propone a los mineros firmar un documento en el que se comprometan a trabajar y cobrar diez horas, con turnos de seis días de trabajo y tres de descanso, y que retiren la demanda de Conflicto Colectivo por Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo interpuesta ante la Audiencia Nacional, precisamente por la imposición de esos turnos.

Si no se acepta esta primera opción, la segunda propuesta habla de trabajar nueve horas y media. Esa media hora, que sería para el bocadillo, iría por cuenta del trabajador, mientras que de las nueve restantes cobrarían ocho y la otra hora se incluiría en la nómina de otra forma aún sin precisar… A pesar de que la huelga fue rota por cuarenta trabajadores el martes 23 de octubre y los demás les siguieron dos días más tarde, de momento mantienen la denuncia. Y por último, el empresario ofrece a los trabajadores de la Gran Corta de Fabero los turnos de 11:30 horas de día y 10:30 horas en turno de noche, propuestos a los mineros asturianos de Cerredo y como siempre, manteniendo la exigencia de retirada de la demanda ante la Audiencia. En una última maniobra, con el fin de conseguir que los trabajadores retiren la denuncia, recurre a la negociación de contratos individuales que acepten turnos aun superiores a los denunciados; si consigue el 41% de los contratos en estas condiciones, la denuncia caería. Pasaría por hacer firmar a los trabajadores (¿?), uno a uno, horarios claramente inconstitucionales. En la legislación vigente el contrato individual prima por encima del convenio colectivo.

Uno de los 28 despedidos se preguntaba cómo es posible que la fiscalía, ante tamaña infracción de la legislación laboral en las condiciones que se les exigen a los trabajadores (turnos de hasta 11:30 horas, rebaja en los  salarios, impago de una  hora de trabajo, pagas y finiquitos pendientes, etc.) en una empresa que vive de subvenciones del Estado, no actúe de oficio. Entre la población se critica que Victorino Alonso haya obtenido grandes beneficios gracias al trabajo de los mineros, y ahora los mineros sean despedidos o lleven sin cobrar un euro desde hace 5 meses.

La realidad nos demuestra que en el contexto actual de crisis, con un capitalismo a la desesperada por recuperar la tasa de ganancia, con unas instituciones económicas internacionales (FMI, BCE) y unos Gobiernos (los de la UE) enteramente al servicio de los poderes financieros, legislando para la desregulación económica, que facilite la acumulación de la riqueza y realmente desinteresados de políticas sociales, no cabe esperar concesiones. En este contexto los proyectos trazados desde los centros de decisión (UE) para la minería del carbón en nuestro país, donde las luchas de los mineros en el último medio siglo habían conseguido unas condiciones laborales y salariales mínimamente dignas, no iban a permitir el mantenimiento de empleos con derechos. Podían conseguir producción sin derechos en otros lugares (Colombia, Polonia, Sudáfrica…). Nuestros Gobiernos se pliegan ovejunamente ante los planes de los llamados Mercados, cuya única lógica es la ganancia. Así lo han hecho todos los Gobiernos de los últimos 30 años aplicando las políticas de reconversión industrial a la producción en nuestro país desde la misma llegada del PSOE en 1982. Dóciles con los de arriba y firmes con los de abajo.

En lo inmediato vemos el énfasis de la oposición en conseguir un aumento de las subvenciones para 2013, subvenciones que se escapan al control del conjunto de los trabajadores y la actitud de los sindicatos, habituados a la negociación–concesión, y en cierto modo seguidista de los planes de la empresa, que no saben cómo defender a los trabajadores y tildan de intransigencia su cerrado apoyo a la huelga para impedir un empeoramiento en las condiciones de trabajo.

Pero, ¿cabe esperar ahora que arrancar 400 millones de euros más, sin reclamar su control desde el conjunto de los trabajadores, pueda cambiar ni siquiera mínimamente la vida de los trabajadores del carbón con un empresario que juega despiadadamente en las negociaciones con los trabajadores, como en una mesa de trile, a la despistada con ayudas, turnos, jornadas, salarios, a sabiendas de que las necesidades apremian en las familias y que no corren tiempos de solidaridad?

Relatos de las duras luchas mineras de los 50 y 60 que forzaron cambios en las rígidas condiciones laborales del franquismo, nos narran experiencias que pueden contribuir a una revisión crítica de nuestras actuales relaciones sociales, las de las respuestas a la explotación laboral, pero también las que vivimos al interior de la clase trabajadora, relaciones marcadas por los valores propios de la burguesía, de los empresarios, como el egoísmo, el individualismo, la competitividad. Si sus valores e ideas han calado en nuestro pensamiento y nuestras costumbres, nos han desarmado del recurso de la solidaridad, el más valioso para nuestras necesidades de organizarnos como iguales.

Recuperar la solidaridad, extender la coherencia de lo que se dice y lo que se hace, potenciar una cultura cotidiana de ayuda mutua y que cale entre la mayoría trabajadora, es imprescindible para que podamos vislumbrar una salida. Como trabajadores debemos  implicarnos en la política -lo que no quiere decir en partidos y elecciones-, como un día estuvimos, para cambiar la correlación de fuerzas y afrontar así el necesario cambio del sistema, por otro que no esté basado en la explotación, que no condicione a ella a los trabajadores y trabajadoras para poder sobrevivir.

 

Pilar García y José María Fernández